El presidente del Cabildo de Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado haber recibido con “estupor, enfado y mucha preocupación” el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que deniega al Gobierno de Canarias la posibilidad de establecer un toque de queda en las islas con nivel 3 y 4 de alerta sanitaria para hacer frente a la situación de avance rápido de contagios por Covid-19 y profundizar en el control de la pandemia.

Para Morales, se trata de una “decisión discutible de los jueces que viene a cuestionar los criterios científicos y sanitarios frente a una pandemia de efectos devastadores” que se toma “a pesar del posicionamiento favorable de la Fiscalía que considera que la medida solicitada es necesaria, idónea y proporcionada y de los solventes informes sanitarios evacuados al efecto”, y considera que “el TSJC deja a la administración pública encargada de combatir y controlar la pandemia sin una de las medidas de control sanitario más efectivas para hacerlo posible”.

“No existe la menor duda de que esta es una de las medidas más efectivas y así lo entienden, además, otros Tribunales Superiores de Justicia. Es cuando menos cuestionable que una pretendida protección de los derechos fundamentales, basada en criterios subjetivos frente a la evidencia científica, deje en manos de los jueces y no de los científicos y expertos de la Sanidad Pública el control y la efectividad de las medidas contra la pandemia” ha sentenciado el dirigente insular.

El presidente insular opina que “ni el Gobierno del Estado, rehuyendo su responsabilidad de mantener el Estado de Alarma hasta haber controlado realmente la pandemia con la vacunación de más del 70% de la población, ni un Parlamento español incapaz en su conjunto de ponerse de acuerdo para adoptar las medidas necesarias de manera serena y consensuada, ni las interpretaciones discrecionales y/ contradictorias de los distintos Tribunales de Justicia están a la altura de las necesidades de los hombres y mujeres de este Estado sometidas a los embates de la pandemia. Sin olvidar al personal sanitario que pone en riesgo su salud cada día para proteger la de los demás”.

Por todo ello Morales cree que “el Gobierno de Canarias está obligado a recurrir este auto judicial, para lo que cuenta con el total apoyo del Cabildo de Gran Canaria”.