El portavoz parlamentario denuncia que CC “carece de legitimación para tratar de censurar” una comparecencia sobre los barrancos de Güímar
El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, valoró hoy el “contundente” informe de los Servicios Jurídicos de la Cámara que ratifica el “derecho” de NC a “ejercer el control” al Gobierno de Clavijo mediante una comparecencia sobre el informe favorable a la tramitación y toma en consideración de la proposición de ley de los barrancos de Güímar del Cabildo de Tenerife presidido por Carlos Alonso, a pesar de los tres informes negativos del Ejecutivo y de su ”evidente” repercusión económica. Rodríguez dijo que CC carece de “legitimación para tratar de vetar, de censurar” la citada comparecencia al mismo tiempo que celebró que finalmente se vaya a desarrollar en la sesión vespertina del pleno que comienza mañana martes.
“Contundente y clarificador” el informe de los Servicios Jurídicos, según expuso Román Rodríguez en rueda de prensa, porque “echa por tierra” el intento de CC de “vetar” la solicitud de comparecencia al Ejecutivo de CC y PSOE, tras haber sido calificada por la Mesa del Parlamento e incluida en el pleno de esta semana. Como expone el citado informe, el portavoz de NC defendió que Coalición “carece de legitimación para instar la revisión del acuerdo de la Mesa que se dice cuestionar, lo que debería conducir a la inadmisión de su pretensión”. Román Rodríguez recalcó también la segunda conclusión jurídica que llevó a CC a retirar su petición y que dice que, “a mayor abundamiento, la razones de fondo que arguye el escrito no justifican la reconsideración interesada, por lo que debería desestimarse la pretensión así articulada”.
El diputado nacionalista dijo que CC “se ha visto vio obligada” a retirar su intento de censurar el “derecho” de Nueva Canarias, como grupo de la oposición, a “ejercer su labor de control” al Ejecutivo por un informe que, “esta vez, sí”, la Mesa del Parlamento solicitó a sus Servicios Jurídicos. Rodríguez abogó por “recurrir más a menudo” a este tipo de informes. A modo de ejemplo, recalcó que, en NC, “estamos seguros” de que si el órgano de control del Parlamento “lo hubiera hecho” con la petición de los nacionalistas de izquierdas sobre las enmiendas “fraudulentas” de CC y PSOE, a la proposición de ley del Cabildo de La Palma para las islas verdes, “no hubieran sido admitidas”.
NC sostiene que el objetivo de la enmienda a la totalidad a la ley del suelo es la “rectificación” del Gobierno
Román Rodríguez y Luis Campos dicen que la propuesta de CC y PSOE compromete la cohesión de Canarias y la protección del suelo rústico
Los diputados de Nueva Canarias (NC) Román Rodríguez y Luis Campos sostuvieron hoy que el objetivo de su enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley del Suelo de Canarias es la “rectificación” del Gobierno presidido por Fernando Clavijo. Rodríguez, como portavoz, y Campos, en calidad de portavoz adjunto, aseguraron que la propuesta legislativa de CC y PSOE compromete la cohesión social y la protección del suelo rústico al mismo tiempo que consagra la desregulación. Ambos diputados sostuvieron que el “espíritu” de la enmienda a la totalidad de NC, http://www.slideshare.net/NuevaCanarias/enmienda-a-la-totalidad-al-proyecto-de-ley-del-suelo-de-canarias , que se debatirá pasado mañana miércoles en el pleno, es el “acuerdo y el consenso” en torno a la necesidad de “cambiar” la orientación de la iniciativa legislativa para que “sirva a los intereses generales de los canarios”.
Los parlamentarios de NC, en rueda de prensa en la Cámara, hicieron hincapié en que “no estamos solos” en la crítica a esta ley, como revela la enmienda a la totalidad a través de los informes de los Servicios Jurídicos del Gobierno, de los cabildos de El Hierro, Tenerife y Gran Canaria así como el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, entre los más relevantes. El “espíritu” de la petición de devolución del texto al Ejecutivo de Clavijo, según los nacionalistas de izquierdas, es el “acuerdo y el consenso” sobre una propuesta legislativa que rompe el proyecto común y el desarrollo sostenible de Canarias, como también han advertido, prosiguieron Campos y Rodríguez, el presidente del Gobierno canario de 2007 a 2015, Paulino Rivero, y los expresidentes de los cabildos de El Hierro y Lanzarote, Tomás Padrón y Enrique Pérez Parrilla, respectivamente.
“Pretendemos cambiar”, prosiguieron, la orientación del texto destinado a legislar sobre el territorio y el medio ambiente de las islas para que “sirva a los intereses generales de los canarios”, como también propugna la Fundación César Manrique, integrante de la plataforma social, ecologista, cultural y política denominada, Canarias por un desarrollo sostenible. En la misma posición se encuentran destacados colegios profesionales, como el de los arquitectos, y organizaciones agrarias como la COAG, entre los principales. Nueva Canarias al igual que centenares de cargos públicos, algunos sectores de CC y PSOE además de dirigentes destacados, como Juan Fernando López Aguilar y Santiago Pérez, “defendemos un debate constructivo y riguroso”, tal y como indicó Román Rodríguez. Para ilustrar el calado de las modificaciones impulsadas en el proyecto de ley, los diputados de NC alegaron que se da un “vuelco” al planeamiento territorial y ambiental, que se derogan la mayoría de las directrices generales de ordenación y que se reducen los procedimientos de control ambiental y de legalidad del Gobierno.
Tampoco comparte NC el “debilitamiento” de las competencias insulares y la “concentración de todo el poder” en unos ayuntamientos con “importantes limitaciones” para asumir las nuevas responsabilidades. “Se invierte la estructura competencial” de la comunidad, alertó el portavoz nacionalista. La misma posición crítica sostuvieron al denunciar que “se amparan las intervenciones discrecionales y la desregulación” al mismo tiempo que “se compromete la cohesión social” de Canarias y la “protección” del suelo rústico. Según Román Rodríguez, con este proyecto legislativo, la nueva ley para las islas verdes y la próxima reforma de la ley de Renovación y Modernización Turística; el Gobierno de CC y PSOE ha configurado un “tridente legislativo” que apuesta por perpetuar el binomio de la construcción y el turismo.