A muy pocos les pasó desapercibida la dura presión política, mediática y empresarial a la que se vieron sometidos el PSOE y Pedro Sánchez durante el largo debate que se vivió en España, sobre todo a partir del 3 de septiembre, cuando Mariano Rajoy fue derrotado en la segunda sesión de investidura y el entonces secretario general de los socialistas anunció su intención de intentar un gobierno alternativo al Partido Popular. Las tertulias, los debates, los editoriales (de los cuatro principales periódicos editados en Madrid) y las entrevistas…estaban en su mayor parte dirigidas a crear un estado de opinión en defensa de la tesis de que solo había dos opciones: o Mariano Rajoy era reelegido presidente del Gobierno o había que convocar unas terceras elecciones. Y ante esa disyuntiva también se marcaba una única salida: las terceras elecciones serían muy perjudiciales para los intereses de España y, desde luego, la responsabilidad máxima sería del PSOE.
Los círculos de poder económico en la órbita de Felipe González y los medios de comunicación que controlan (la mayoría) se emplearon a fondo. El pasado domingo en el programa “Salvados” Pedro Sánchez señaló al grupo Prisa y a César Alierta en una entrevista concedida a Jordi Évole. El exsecretario de los socialistas españoles reconoció que directivos de El País le advirtieron que “o Rajoy era reelegido presidente o la línea editorial de El País no iba a ayudar para que hubiera un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista”. Más allá de las justificadas críticas a Pedro Sánchez porque realiza esta denuncia tarde, porque incluso en mayo de este año en una entrevista concedida al periódico El Mundo negó esas presiones de los poderes económicos y a pesar de esas merecidas críticas, digo, hay que reconocer que lo publicado en los medios españoles en los últimos meses da la razón a la denuncia de Pedro Sánchez. A medida que el político socialista se reafirmaba en su estrategia, las críticas y las presiones se recrudecían. Y consiguieron cambiar no solo la estrategia sino también a la ejecutiva del principal partido de la oposición.
No critico el derecho de El País o de cualquier medio de comunicación a defender en su línea editorial a un político determinado, a una sigla concreta. Sobre lo que quiero reflexionar es sobre la utilización de los medios de comunicación por parte de los poderes económicos para presionar a los partidos políticos o a los cargos públicos elegidos democráticamente hasta el extremo de pretender cambiar sus compromisos con los ciudadanos. Los poderes económicos utilizaron los medios de Prisa porque tenían más influencia sobre las viejas y jóvenes glorias del PSOE, pero sería igual de criticable que el grupo Vocento hubiera presionado al Partido Popular para que votase a favor de la investidura de Pedro Sánchez, y si no hacía caso a sus dictados hubiera realizado una campaña desde el periódico ABC contra Mariano Rajoy hasta lograr descabezar al Partido Popular.
Qué bien describe esta situación Luigi Ferrajoli en su ensayo “Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional”. Para el profesor italiano uno de los grandes males de nuestras democracias se produce por la confusión entre la separación de esfera pública y privada, entre poderes políticos y económicos. “Los conflictos de intereses generados por la estrecha alianza entre poderes políticos públicos y poderes económicos privados y por la sustancial subordinación de los primeros a los segundos” da lugar a una peligrosa conjunción de corrupción e intercambios políticos con lobbies y medios de comunicación.: “cada vez es más fuerte la relación entre dinero, información y política: dinero para hacer política e información, información para hacer dinero y política, política para hacer dinero e información…”. La subordinación de la libertad de información a la propiedad de los medios de comunicación “ha llegado a superponerse a un derecho de libertad de rango constitucional, la libertad de prensa y de información”. Los pueblos se vuelven frágiles y cambiantes si fallan las garantías de los derechos fundamentales y la libertad de información
Los partidos se han convertido en maquinarias no democráticas- conducidas incompresiblemente por cargos del partido que son a su vez cargos públicos- concebidas para servir al jefe con un sinfín de “elegidos” alimentados y condicionados por prebendas que se han transformado “de representantes del pueblo en cortesanos”; a los que consienten se les homologa y a los que disienten se les denigra y los ciudadanos se ven reducidos al papel de espectadores. Alimentan el bipartidismo, niegan la pluralidad, están obligados a asemejarse y se reducen las campañas electorales a mera publicidad en la disputa por el centro político. Y aparece entonces la apatía, la frustración y la mera adicción al poder. Se acabó el principio “romántico” del pueblo soberano, como plantea Hermet. Los partidos se convierten en puras maquinarias para alcanzar el poder a costa de los principios, los compromisos electorales, las ideologías…
Mientras los poderes se concentran, a la sociedad se la disgrega, se la divide. Se fomenta el conformismo favorecido por el “indiferentismo” hacia lo público y se promocionan “fracturas en la sociedad y rupturas de la solidaridad social”. Se persigue incansablemente la despolitización masiva que se traduce en abstención y en antipolítica y se fomentan todos los egoísmos y el debilitamiento del sentido cívico. Se deseduca a las masas, lo que “contribuye a la descalificación de la moral pública como moralismo e hipocresía y, con ello, la promoción de la desconfianza, la suspicacia y la sospecha frente a todos los actores de la vida pública”.
Charles Moore, conservador británico y biógrafo de Margaret Thatcher lo expresó con contundencia: “Estoy empezando a pensar que la izquierda en realidad tiene razón. La política democrática dirigida al progreso de la mayoría, está realmente a merced de esos banqueros, barones mediáticos y otros magnates que dirigen y poseen todo”. Se ha consentido la creación de un monstruo al que ahora no se puede controlar. Michael Hudson lo define como un golpe de Estado financiero contra el Estado Democrático y Social de Derecho en Europa. Ahora más que nunca se necesitan instituciones fuertes y ciudadanos organizados e implicados. Es la falta de autoridad y de firmeza, la falta de medidas ejemplarizantes, lo que ha permitido abrir esta veda a la especulación y al gobierno de los inversores, a que los mercados contemplen a los gobernantes como sus servidores. Se está atentando directamente contra los derechos humanos y los derechos sociales. Se ha frustrado la confianza ciudadana (los testimonios de los militantes del PSOE en el último programa de Jordi Évole reflejaron muy bien esa frustración) y el prestigio y la credibilidad de la política. Y esto no se combate sino con más democracia y con el reforzamiento de las instituciones públicas. Y lo que ha sucedido con la sesión de investidura de Mariano Rajoy no ayuda a avanzar por esa senda.
En plena crisis económica y social la Fundación Everis presidida por Eduardo Serra, el incombustible miembro de los gobiernos de Calvo Sotelo, González y Aznar, en un informe que llamaron Transforma España planteaba que es necesario “desideologizar” la política. Es el caballo de batalla del neoliberalismo: vaciar la política y limitarla a recibir órdenes. Lo dijo siempre Robert A. Dahl, el gran teórico de la democracia: “la relación entre el sistema político democrático de un país y su sistema económico no democrático ha supuesto un formidable y persistente desafío para los fines y prácticas democráticos”. Sin ningún tipo de dudas, donde peor se vive este drama es en la izquierda, y más en la izquierda socialdemócrata que ha ido desubicándose en la mayoría de los países democráticos para doblegarse ante la mundialización.
Hace unos días participé en la presentación del libro de Rafael Álvarez Gil “La socialdemocracia en transición. Entre la globalización y la crisis de la España constitucional”. En el acto tuve ocasión de referirme a la evolución histórica y a la deriva actual de esta corriente de pensamiento. Y me apoyé en conspicuos socialdemócratas para que no pareciera una mera crítica de alguien ajeno al PSOE. Y recurrí entonces a reflexiones de Joan Botella, Tony Judt, Zygmun Bauman, Raffaele Simone o Norberto Bobbio. No son sospechosos de ser antisocialistas, pero todos coinciden en que la socialdemocracia hace aguas. Y puede tocar fondo. Aseguran que el socialismo democrático no tiene futuro sin la memoria de las penalidades pasadas y sin la conciencia de lo mucho que se ha alcanzado con las reformas sociales impulsadas por la izquierda; que frente al compromiso de defender a los más débiles compite con la derecha política por allanar el camino a los mercados; que huele a derechas en actitudes y comportamientos, que se ha alejado de la calle y ha renunciado a viejas aspiraciones e ideales de siempre por abrazar un discurso genérico y pactista anclado en la derrota ideológica, sin alegato político y sin visión de conjunto…
Son tiempos difíciles y convulsos que reclaman romper con la legitimación de la corrupción, la mentira y los recortes de libertades y derechos del PP, para evitar la desconexión con amplios sectores de la sociedad defensores de ideas de progreso, aunque lo exijan empresarios como César Alierta o grupos mediáticos como Prisa, que hasta hace unos años tenían una línea editorial que defendía los postulados socialdemócratas, los derechos sociales y la regeneración de nuestra democracia, todo lo contrario de lo que representan Mariano Rajoy y sus políticas. Afortunadamente, a pesar de los editoriales que escriben sus directivos, muchos de los profesionales de ese grupo mediático en Madrid y en Canarias siguen defendiendo esos valores. Hemos vivido tiempos muy duros. No parece que los que vienen sean muy alentadores para la democracia.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria