El Pleno de la Corporación Insular aprobó por 23 votos a favor y 4 abstenciones una moción presentada por los grupos Nueva Canarias, PSOE y Grupo Mixto (Sí Podemos), por la cual se solicitará “al Ministerio de Justicia del Gobierno de España la expedición de la Declaración de reparación y reconocimiento personal, prevista en el artículo 4.1 de la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”.

Dicha declaración va a solicitarse “para los empleados públicos del Cabildo de Gran Canaria que fueron sancionados y depurados por motivos políticos, ideológicos o de creencia por la Comisión Gestora Militar, por defender la legalidad institucional de aquellas personas que hubieron fallecido y carecieran de los familiares, recogidos en el artículo 4.2 de la citada Ley”.

La moción insta también a iniciar a través del Servicio de Archivos Generales del Cabildo de Gran Canaria un estudio de los expedientes de las posibles personas que hayan sido víctima de este proceso de depuración. Tras dicho estudio, se aportará a la solicitud toda la documentación que, sobre los hechos o procedimientos, obre en sus Archivos Generales de los expedientes personales de los/as empleados/as y cargos políticos que pudieran ser depuradas, así como los antecedentes que consideren oportunos.

Tras la obtención de la Declaración, se incorporará a los expedientes personales obrantes en el Archivo General, “para que quede constancia de este reconocimiento como víctimas del franquismo y por su defensa de la libertad y la legalidad democrática que les llevó a la pérdida de sus derechos y sus puestos de trabajo como personal de esta institución”. Asimismo, se aprobó “iniciar los trámites para la realización de un homenaje público como reconocimiento a los cargos públicos y empleados públicos del Cabildo de Gran Canaria víctimas del franquismo, por su defensa de la libertad y la legalidad democrática”

En la Tesis “El Cabildo y la institucionalización del Régimen Franquista en Gran Canaria: Poder político y relaciones sociales entre 1936 y 1960”, el historiador José Alcaraz Abellán, aporta un listado de víctimas de este proceso de depuración y manifiesta que “las depuraciones de funcionarios considerados desafectos, dado lo temprano de la imposición del nuevo poder militar, comenzarán desde julio de 1936, en aplicación del bando declaratorio del estado de guerra.

Añade que estas personas “inicialmente son cesadas, incoándoseles a continuación expediente de depuración, todas aquellas personas al servicio de los establecimientos insulares detenidas por las autoridades militares. Posteriormente, también lo serán aquellas sometidas a consejos de guerra, existiendo además casos de depuraciones por situaciones concretas tales como: denuncias, encontrarse en la llamada ‘zona roja’ el 18 de julio”.