Es el gran «hito» que el Ejecutivo quiere presentar al colectivo en la semana del Orgullo. La propuesta luego irá al Congreso, donde ya cuenta con una amplia mayoría

Hace escasos días informamos que el Ministerio de Igualdad había confirmado a RTVE que el borrador de la 'ley trans' permitirá el cambio de sexo en el Registro Civil sin necesidad de presentar un informe ni un tratamiento médico, a partir de los 14 años.

Pues bien, ya se conocen más detalles de cómo se tramitará ese cambio. Según el diario El Mundo, en un plazo máximo de cuatro meses, y con dos visitas al Registro Civil separadas en el tiempo para ratificarse, será oficial para las administraciones públicas el cambio de sexo de hombre a mujer o viceversa, y sin necesidad de que antes o después tenga que pasar por el quirófano u hormonarse para cambiar su aspecto físico. Se confirma, pues, que no habrá intervención de terceras personas o expertos en el proceso, sino que será un acto individual.

El Gobierno tramitará en un único texto la Ley Trans y la Ley LGTBI, que quedará bautizada con el nombre de "Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI".

Como dice El Mundo, es el gran «hito» que el Ejecutivo quiere presentar al colectivo en la semana del Orgullo. La propuesta luego irá al Congreso, donde ya cuenta con una amplia mayoría que, a la vez, también ha expresado su voluntad de hacer «mejoras».

De ahí que sea este próximo martes 29 de junio cuando el Gobierno lleve esta polémica ley al Consejo de Ministros para su aprobación, pasando por encima del informe del Ministerio de Justicia, que había exigido una acreditación.

Como saben los lectores de IUSPORT, el informe emitido por el Ministerio de Justicia, que encabeza Juan Carlos Campos (PSOE) consideró que eliminar la necesidad de presentar informes es congruente con lo que piden la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, pero, añade, esa concepción “no patologizante” de las personas trans obliga a buscar “otros mecanismos” para acreditar una situación “estable y persistente” de la transexualidad.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, había señalado varias veces que correspondía al Ministerio de Justicia garantizar la seguridad jurídica de esa ley para que “los nuevos derechos no supongan una merma” de otros ya existentes pero, por lo que se está vislumbrando, finalmente Unidas Podemos va a imponer su criterio en el consejo de ministros de este martes 29.

El informe de Justicia ahondó en esa idea y pedía “alguna garantía jurídica adicional” que asegurase una “situación estable de transexualidad”.

“Los trascendentales efectos jurídicos y sociales que tiene una toma de decisión de esta naturaleza reclaman que haya una acreditación de la realidad que se pretende inscribir”, según el informe, que recoge que el registro civil “es un registro de actos y de hechos pero no de meras declaraciones de voluntad”.

Y ponía como ejemplo que los nacimientos, las defunciones o los matrimonios “han de ser acreditados documentalmente, sin que sea suficiente que alguien declare un hecho o un acto para que este sea inscrito”.

Incidencia en el deporte

Como ya hemos explicado, se trata de una ley que tendrá una incidencia directa en el deporte.

Desde 2015, para el COI la elegibilidad de personas trans en la categoría femenina exige que el atleta tendría que haber declarado que su identidad de género es femenina, sin poder cambiar la declaración durante un mínimo de cuatro años.

Los atletas también tendrían que demostrar que su nivel total de testosterona en suero ha estado por debajo de los 10 nanogramos por litro durante al menos 12 meses antes de su primera competición y durante todo el periodo de elegibilidad deseado para competir en la categoría femenina.

Según el COI, el cumplimiento de estas condiciones puede controlarse mediante pruebas y el incumplimiento conlleva la suspensión de la admisibilidad para competir en eventos durante 12 meses.

Como señaló Carlos Arribas en El País, podría darse el caso de que una persona trans se proclamara campeona de España en un deporte y que, sin embargo, tuviera prohibida su participación en competiciones internacionales, en las que la búsqueda de igualdad entre participantes para garantizar una competición justa es el primer objetivo.

En definitiva, y sin entrar a valorarla desde una perspectiva general, no cabe duda de que se trata de una ley que, al menos en el deporte de competición, puede provocar un auténtico tsunami.