Rodríguez acusa a CC de intentar vetar una comparecencia del Gobierno de los barrancos de Güímar

El portavoz parlamentario de NC recuerda que su iniciativa está calificada por la Mesa del Parlamento e incluida para el pleno de la próxima semana

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, acusó hoy a CC de intentar vetar una comparecencia para “debatir el indebido informe favorable” del Gobierno a la toma en consideración de la proposición de ley de los barrancos de Güímar del Cabildo presidido por Carlos Alonso. El portavoz de NC recordó que la iniciativa de su grupo cumple con los requisitos exigidos al haber sido calificada por la Mesa de la Cámara e incluida, en reunión de la Junta de Portavoces, para el pleno de la próxima semana. “Tenemos derecho a saber los motivos que le llevaron al Ejecutivo” a admitir su tramitación cuando “tres de sus consejerías dicen que es manifiestamente inconstitucional y tiene un impacto económico” sobre las arcas de la comunidad, según Rodríguez.

El escrito del portavoz de CC, José Miguel Ruano, a la Mesa del Parlamento para que, en base al artículo 28.2 del reglamento, reconsidere su decisión de calificar la comparecencia 754 de NC para informar sobre las razones que han llevado al Ejecutivo canario a manifestar su criterio favorable o conformidad a la toma en consideración de la proposición de ley del Cabildo de Tenerife, en opinión de Román Rodríguez, es un intento de “censurar” el debate en el Legislativo.

El portavoz nacionalista recordó que la iniciativa de Carlos Alonso ya ha sido informada por el gabinete presidido por Fernando Clavijo. El Gobierno de CC y PSOE, con tres informes negativos de las consejerías de Hacienda, Industria y Agricultura, ha dado la conformidad a la tramitación de esta proposición de ley a pesar de que advierten que se trata de una iniciativa “manifiestamente inconstitucional y con un evidente impacto económico con la triquiñuela de condicionarla a que, cualquier actuación derivada de la misma, no cause un perjuicio económico” a la hacienda canaria, tal y como denunció.

Con el contenido y la contundencia de los citados informes, NC acusa al gabinete de Clavijo de “eludir su responsabilidad de oponerse, de no dar la conformidad” a su toma en consideración y “ése es el motivo de nuestra comparecencia, que ahora el grupo de CC trata de vetar”.

Pero además existe otra razón, prosiguió el portavoz de Nueva Canarias. El Ejecutivo, tal y como denunció, “deriva toda la responsabilidad en la Cámara”, como reconocieron la vicepresidenta, Patricia Hernández, y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila.

La segunda, según sus propias manifestaciones recordadas por Román Rodríguez, dijo que el “Gobierno ha enviado el mensaje al Parlamento” para evitar que el Ejecutivo tenga que pagar unos 360 millones de euros por la restauración de los barrancos al renunciar a vetar la proposición de ley.

Patricia Hernández también se remitió al trámite parlamentario, prosiguió el portavoz de NC. “Dependerá de la tramitación parlamentaria que esa ley no pueda costar dinero a los canarios y a las canarias”. Con estas palabras se expresó la vicepresidenta, recalcó Rodríguez.

Con estos antecedentes, en opinión de NC, “no se puede hurtar el derecho que tenemos a debatir en el Parlamento y pedir las explicaciones pertinentes al Ejecutivo por su informe favorable”.

El portavoz de NC refirió también que su grupo se mantiene a la espera de la solicitud traslada al órgano de gobierno del Legislativo para que suspenda, con carácter temporal, la tramitación de esta proposición de ley. El tiempo necesario, según Román Rodríguez, para que el gabinete de Clavijo y sus Servicios Jurídicos evalúen su constitucionalidad y consecuencias económicas para la hacienda canaria.