Casi un millar de inscritos acudieron a las Jornadas sobre la Ley del Suelo con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria

Casi un millar de inscritos acudieron a las nueve sesiones realizadas en las Jornadas sobre la Ley del Suelo de Canarias que contó con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y que fueron clausuradas este miércoles, Día Mundial del Urbanismo, por la consejera de Política Territorial, Inés Miranda.

En el programa, organizado por la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (Acadur), el Gabinete de Abogados y Arquitectos Asociados y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, participaron expertos juristas y urbanistas que trataron temas como la clasificación del suelo, los efectos del texto legal sobre los espacios naturales, el nuevo sistema de planeamiento y los aspectos turísticos de la ley, entre otras cuestiones.

Miranda aseguró que la nueva Ley del Suelo de Canarias “ha recibido una dura y contundente crítica por parte del Cabildo” y destacó los logros obtenidos “en el proceso parlamentario, como el respeto a las posibles construcciones en suelo agrícola”.

La consejera hizo hincapié en que “hay que tener en cuenta la nueva situación en el suelo rústico, en el que las calificaciones territoriales han desaparecido” según lo establecido en la Ley del Suelo, por lo que el Cabildo está recibiendo a la ciudadanía que ha solicitado recalificación de parcelas para resolver sus dudas.

En este sentido, el Cabildo trabaja en la resolución de más de 300 solicitudes referidas a calificaciones de suelo e informa a los peticionarios sobre las novedades del texto normativo. Por su parte, el presidente de Acadur, José Juan Santana, informó del gran interés que han despertado estas jornadas y la participación de interesados de otras islas, por lo que la Asociación ha organizado sesiones informativas sobre el texto legal en Lanzarote y Fuerteventura.

“La nueva ley genera una lógica incertidumbre en el sector”, exclamó Santana, quien además destacó el “importante efecto en las administraciones”, que necesitarán reorganizar su personal para hacer frente a los nuevos procedimientos aprobados en la normativa, así como la contratación de expertos, “sobre todo en las administraciones locales”.