La oposición pide que se repita el pleno de aprobación inicial del presupuesto para 2019.

NC y PP insisten en que fueron aprobados el pasado 28 de febrero “sin que se resolviera previamente la recusación contra la alcaldesa y varios concejales”.

La oposición pide un nuevo Pleno para abordar las recusaciones y resolver la situación de “ilegalidad” en la que se aprobó el presupuesto.

Onalia Bueno, hace oídos sordos a las advertencias de la oposición y publica en el BOP la aprobación inicial de las cuentas para 2019.

“Nulo de pleno derecho”, así califican los portavoces de la oposición en el Ayuntamiento de Mogán, la portavoz de Nueva Canarias, Isabel Santiago y el popular Francisco Maicol Santana, las cuentas públicas aprobadas en el Pleno extraordinario que celebró la Corporación el pasado 28 de febrero. Ambos portavoces alegan que el proyecto de Presupuestos para 2019 se aprobó sin que previamente el Pleno resolviera sobre la recusación que los grupos habían presentado contra la alcaldesa, Onalia Bueno, y varios ediles. “Cuando hay una recusación presentada el Pleno debe abordar dicha recusación con anterioridad a votar cualquier otra iniciativa”, señala Isabel Santiago, para quien se trata de un incumplimiento premeditado ya que, de no haber participado en la aprobación del Presupuesto éste no habría salido adelante.

La recusación a la alcaldesa y los tres ediles se produjo con anterioridad al Pleno extraordinario y la presentó NC al detectar que las cuentas públicas incluían un aumento salarial que beneficia directamente a familiares de los recusados. “La alcaldesa sí se ausentó pero no así dos de los ediles y con sus votos, saltándose la legalidad vigente, se aprobaron unos Presupuestos que benefician a sus familiares”, argumenta Santiago, antes de insistir en que tanto NC como PP han vuelto a presentar un escrito el pasado lunes para que la Corporación convoque un Pleno donde se analice la situación creada, que califican de “ilegal”, dado que la alcaldesa y los concejales no se ausentaron del pleno durante la deliberación del asunto, infringiendo al menos siete preceptos legales, entre ellos el art. 76 de la Ley de Bases del Régimen Local y el 96 y 183 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, lo que genera una situación de nulidad y posible anulabilidad que dejan en tela de juicio las cuentas públicas para 2019.

Sin embargo, y a pesar del escrito de alegaciones presentado por ambas formaciones políticas, y por los sindicatos UGT y CCOO, solicitando que se subsanen los errores de procedimiento cometidos, la alcaldesa Onalia Bueno, ha hecho oídos sordos a la petición y ha procedido a publicar en el BOP el documento para la presentación de alegaciones.

Según expresó el portavoz del PP, Maicol Santana, es un grave error entender que los dos concejales recusados, Grimanesa Pérez (Ciuca) y Artemi Artiles (Psoe), puedan seguir votando, pues se encuentran respectivamente, afectados por una relación asimilable al matrimonio, lo que supone directamente una clara y evidente causa de abstención.

Para los portavoces de la oposición, la participación de ambos concejales en el proceso de tramitación de los presupuestos de Mogán, es un acto de irresponsabilidad, y exigen que la alcaldesa convoque un pleno para solventar los errores de procedimiento o ellos mismos lo convocarán sentencian.

COMUNICADO DE LOS DELEGADOS DE PERSONAL DE CASEUR S.A EN EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN

Los trabajadores comunican, el inicio de la negociación del convenio colectivo, a las licitadoras del concurso para la adjudicación del nuevo servicio de recogida de residuos sólidos de Mogán

El pasado 22 de febrero, los representantes de los trabajadores en Caseur S.A, en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de Mogán, comunicaron a la Dirección General de Trabajo, su intención de ir a la Huelga de forma indefinida por la inmovilidad o falta de respuesta de la Dirección de Empresa, a la demanda por parte de la plantilla en negociar el Convenio Colectivo que obliga a las partes.

Así las cosas, el 25 de febrero, los representantes de los trabajadores comunicaron tanto a Caseur S.A como al Ayuntamiento, su intención de ir a la huelga indefinida, por las razones expuestas, forzando el inicio de las negociaciones, que se iniciaron el pasado 4 de marzo.

Ante el inicio de las negociaciones los representantes de los trabajadores han dirigido un escrito a las licitadoras del concurso: Urbaser, Fcc, Cointer Concesiones y Proyecto Azatia y Ayagaures Medio Ambiente, en el que comunican que se encuentran en el proceso de una negociación colectiva, adjuntando las reivindicaciones que los trabajadores han puesto sobre la mesa.

Entre las reivindicaciones de los trabajadores destacan, las condiciones laborales en situación de precariedad en la que deben desarrollar su trabajo, con instalaciones en un estado deplorable, vehículos en iguales condiciones, salarios que rozan el salario mínimo interprofesional, el impago del complemento de nocturnidad, recogido en el convenio del sectorial a nivel nacional; se encuentran entre algunas de las reivindicaciones que demandan sean revisadas.

De igual modo, las condiciones laborales, la falta de control del peso de los camiones con las posibles sanciones administrativas que pueden sufrir los trabajadores, el vertido del lixiviado sobre la calzada que puede ocasionar graves problemas sanitarios a los trabajadores y al resto de ciudadanos, con independencia de la mala imagen que ocasiona en un municipio que vive prácticamente del turismo, son algunas de las razones que han motivado la exigencia a la vez que necesidad, de que se negocie un nuevo convenio, creando un marco laboral más justo para los trabajadores/as, que en estos años de recesión económica y leyes Tan regresivas como las reformas laborales de los años 2010 y 2012 han supuesto para el conjunto de trabajadores y trabajadoras, siendo en especial más virulentas dichas leyes en nuestro sector, donde durante años hemos visto reducidos nuestros derechos y empobrecimiento económico.

Los trabajadores en un acto de buena fe, hemos dado este paso, porque creemos que las licitadoras deben conocer que los costes laborales incluidos en los pliegos se verán afectados al alza tras el proceso de negociación, cuestión ella que sucederá de manera eminente y, no puede servir de excusa de desconocimiento a quienes con legitimidad optan por realizar dicho servicio.