En España se ha puesto en marcha un movimiento social importante que, día a día, está creciendo vertiginosamente. El motivo de la puesta en marcha de este movimiento ciudadano y su crecimiento no es otro que el insoportable ruido al que los vecinos se ven sometidos en las ciudades.

Ruidos mayoritariamente generados por el aumento descontrolado de los locales de ocio que, en muchos de los casos, extienden su actividad hacia el exterior con la ocupación de las zonas peatonales para la instalación de sus correspondientes terrazas. Dichos locales se han adueñado de las zonas peatonales y campan a sus anchas, sin control municipal y, por supuesto, sin el más mínimo respeto hacia el derecho al descanso de los habitantes de esos barrios o calles que se han puesto de moda como zonas de copas o botellones.

Las zonas peatonales, como su nombre bien indica, son para el uso y disfrute del peatón y no para la utilización del suelo público como fuente generadora de ingresos vinculados a determinadas actividades. Este disfrute del peatón se lo saltan a la torera los propietarios de los locales de ocio con el beneplácito de las administraciones.

Ante esa actitud de las autoridades municipales, los vecinos de las grandes y medianas ciudades del estado han tenido que recurrir primero a las denuncias en los propios ayuntamientos y, ante el silencio de estos, a los juzgados para poder exigir algo vital para la salud, como es el derecho al descanso nocturno, el derecho a que se respeten los horarios de apertura y cierre de los locales de ocio y de las terrazas, algo que, al parecer, las administraciones locales no entienden.

Se da el caso de que muchos de los locales de ocio con sus correspondientes terrazas ocupan las calles peatonales de los cascos históricos de muchas ciudades, dificultando el acceso a las zonas de interés cultural. La extensión del ocio hasta largas horas de la noche y madrugada con la cada vez más extendida costumbre de la celebración de botellones en la calle ha convertido estas zonas en terreno abonado para quienes desarrollan comportamientos incívicos.

La imagen de personas orinando en la calle o en los portales de las viviendas se ha convertido en un hecho habitual. Ante las quejas, cada vez más frecuentes de los vecinos, las autoridades y los grupos políticos hablan de buscar un consenso entre ambos colectivos de personas. En el fondo de este consenso subyace la pretensión de la cesión de su derecho al descanso, por parte de los residentes, en beneficio de quienes gustan emborracharse en plena calle hasta altas horas de la madrugada.

Tampoco puede ser aceptado por consenso dormir tres noches a la semana, o dormir con tapones en los oídos, o tener que ir al trabajo a la mañana siguiente con las huellas del insomnio en el rostro mientras quien lo propició dormirá a pierna suelta hasta bien entrada la tarde del día siguiente. Muchos de los obligados a no dormir, para que se diviertan quienes supuestamente no trabajan, de otra forma no se explican estos comportamientos, están recibiendo tratamiento médico por enfermedades producidas por el ruido y la falta de descanso.

Ante este tratamiento irracional que reciben quienes ven lesionados sus derechos a la salud y al disfrute de una vida digna en sus hogares, por parte de quienes hacen caso omiso de sus obligaciones adquiridas en las urnas, muchísimas asociaciones y plataformas vecinales han unido sus esfuerzos para buscar una solución al eterno problema del ruido, una solución ante la pasividad de quienes están obligados a defender su derecho constitucional a la salud. Es por eso que Asociaciones y Plataformas vecinales de todas las comunidades autónomas, Extremadura, Castilla León, Castilla La Mancha, Madrid, Canarias, Valencia, Murcia, Andalucía, Islas Baleares, La Rioja y otras que se están uniendo en su lucha común, la lucha por el descanso contra esa dejadez de las administraciones locales que cierran los ojos cuando se ponen de parte de los incumplidores de la legalidad.

Son dos las grandes razones que motivan a los ciudadanos de toda España a unirse en una lucha común: la defensa de su derecho constitucional a la salud y la conservación del casco histórico de sus municipios que ven cómo se va degradando por los malos usos de sus zonas culturales. Todos reivindican su derecho a la salud. Todos reivindican su derecho a la conservación del patrimonio histórico de su municipio.