Pepa Luzardo denuncia que no es un buen argumento que Gestión de Servicios y la propia Consejería de Sanidad se escuden en ratios de población para ofrecer a los ciudadanos una asistencia de tanta importancia y, en algunos casos, de riesgo vital.

El Partido Popular de Gran Canaria requiere a la Consejería de Sanidad del Gobierno autónomo la restitución inminente del servicio de ambulancia para el municipio de Tejeda, tras ser eliminado el pasado 31 de diciembre por la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad. La empresa pública decidió no renovar la concesión del servicio que venía prestando Cruz Roja desde hace más de dos décadas, alegando motivos económicos, y suprimiendo de esta manera el único servicio de ambulancia que operaba en la localidad. En las últimas semanas, los municipios de Artenara y Tejeda comparten una única ambulancia de soporte vital básico.

La diputada del Partido Popular Pepa Luzardo señala que suprimir este servicio es una "mezquindad" que no aporta ningún beneficio sustantivo e insiste en la necesidad de restablecer el servicio de ambulancia recientemente eliminado para garantizar una correcta, rápida y adecuada atención ante cualquier urgencia. No es buen argumento para justificar este tipo de decisiones que Gestión de Servicios y la propia Consejería se escuden en ratios de población para ofrecer a los ciudadanos una asistencia de tanta importancia, en algunos casos vital, señaló.

En este sentido, Luzardo manifiesta que la Consejería de Sanidad no solo ignora a los habitantes de estos municipios en un asunto de tanta importancia como es la atención inmediata, también "da la espalda" a los numerosos turistas que acuden diariamente a Tejeda y Artenara para conocer y disfrutar de sus paisajes, gastronomía y sus encantos naturales. Una vez más, Luzardo recordó que queda patente que el Ejecutivo regional continúa en "modo avión, apagado", porque sus socios son "incapaces de resolver los problemas que tiene en la actualidad Canarias". "Es inadmisible que este Gobierno siga preocupado en resolver sus conflictos internos, dando la espalda a la realidad del archipielago y a las necesidades básicas de los ciudadanos".

La protección de la salud obliga a los poderes públicos, a través de su administración sanitaria, a garantizar la tutela general de la salud pública, mediante el establecimiento de medidas preventivas y la prestación de servicios y atención sanitaria, y de esto se olvida el Gobierno de Canarias. "La realidad es decepcionante", declara Pepa Luzardo. Los grupos populares en el Parlamento de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y en los ayuntamientos afectados, Tejeda y Artenara, trabajan en la presentación de preguntas, iniciativas y mociones para instar a la Consejería de Sanidad a reconsiderar su decisión y corregir, en el menor plazo posible, esta grave situación.