El PP cree que la polémica compra de la Casa Fuentes a la SGAE fue “el ensayo previo” del escándalo de Amurga

Los populares sostienen que, como ya ocurrió con la adquisición de las fincas a la familia de Román Rodríguez por más de 4 millones, “el gobierno de NC y PSOE fabricó un traje a medida para cerrar una operación que tenían decidida desde muchos meses antes”

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha asegurado hoy que la polémica adquisición a la Sociedad General de Autores de España (SGAE) por 2,65 millones de euros de la Casa Fuentes, situada en el barrio capitalino de Ciudad Jardín, fue el “ensayo previo” del caso Amurga, el escándalo de la compra de fincas a la familia de Román Rodríguez, líder de Nueva Canarias (NC), por más de 4 millones de euros.

El PP considera que la compra del chalé a la SGAE, entidad que se encuentra a las puertas de ser intervenida por el Ministerio de Cultura por presuntas irregularidades en su gestión, repite el mismo modus operandi del caso Amurga, pues todo apunta a que en esta ocasión también “se fabricó un traje a medida para cerrar una millonaria operación de compraventa que ya estaba decidida muchos meses antes”.

Así lo demuestra el hecho de que en enero de 2018 –seis meses antes de anunciarse la convocatoria pública para la presentación de otras posibles ofertas-, el Cabildo ya había comunicado al Gobierno de Canarias su compromiso de comprar el chalé. Y tan sólo unos días después, el 2 de febrero, el consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo Brito, remitió un correo electrónico a la delegada de la SGAE en Canarias mostrando el interés de la Corporación insular en su posible adquisición.

Los populares sostienen que este nuevo escándalo “reproduce casi paso por paso el mismo procedimiento seguido por el gobierno de NC y PSOE para la compra de las tres fincas de Amurga, pues los documentos e informes que obran en el expediente de Casa Fuentes dejan claro que desde un principio la intención del Cabildo fue comprar el chalé de la SGAE, vistiendo luego el muñeco para darle a esta oscura operación una falsa apariencia de concurrencia pública”.

Ante las numerosas dudas y sombras que planean sobre el expediente, el portavoz popular en el Cabildo, Carlos Ester, ha anunciado que solicitará la comparecencia urgente del presidente Antonio Morales y del consejero responsable de Patrimonio para que expliquen todos los pormenores de una operación “que huele igual de mal que el pelotazo de la compra de los terrenos de Amurga a la familia directa de su propio jefe de filas”.

Indicios de presuntas irregularidades administrativas

A este respecto, el consejero popular señala que existen muchos indicios de presuntas irregularidades administrativas en el expediente de adquisición del edificio, además de “raras coincidencias de fechas” e informes de los propios técnicos del Cabildo sobre la tasación o la superficie del inmueble que no se tuvieron en cuenta a la hora de cerrar la operación.

Según el PP, resulta muy llamativo que el gobierno insular acabara pagando el mismo precio de compra fijado desde un principio por la SGAE, pese a que uno de los técnicos de Política Territorial señalaba en un informe de fecha 30 de noviembre, apenas 18 días antes de aprobarse la compra en Consejo de Gobierno, que a los 2,65 millones del precio pactado habría “que descontar los costes de las obras pendientes de ejecutar para poder ponerlo en funcionamiento (320.000 euros)”.

Del mismo modo, el Grupo Popular se pregunta cómo es posible que en la tasación encargada y validada por Patrimonio se concluyera que la superficie total construida del chalé de Ciudad Jardín era de 997,19 metros cuadrados y, por el contrario, en la escritura de compraventa firmada pocos días después conste una superficie superior a los 1.000 metros que, según el propio notario, “no coincide con los (metros) inscritos”.

Un dato doblemente grave, pues en las bases de la convocatoria publicada por el Cabildo en un pequeño anuncio de prensa el 24 julio de 2018, en plenas vacaciones de verano y seis meses después de haberle trasladado a la SGAE el interés por la compra de su sede, el gobierno fijó como requisito imprescindible que los inmuebles ofertados superaran los 1.000 metros cuadrados de superficie construida.

La complicidad del PSOE

Por otro lado, el PP también exigirá al PSOE “una explicación clara, rápida y convincente” sobre su posición en relación a este nuevo escándalo, ya que, como hizo en el caso de las fincas de Amurga, el grupo socialista votó a favor de la compra de la sede de la SGAE en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 18 de diciembre.

“Ángel Víctor Torres tendrá que aclarar cuanto antes si conocía el expediente sobre la Casa Fuentes y si, como hizo con el escándalo de Amurga, va a seguir siendo cómplice de las tropelías y los chanchullos de Morales”, concluye Carlos Ester.